En un comunicado, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro consideraron que el proyecto "no solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone el riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía".

Según su visión, "los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales, los cuidamos porque son la herencia de nuestras generaciones, somos los que garantizamos la salud del suelo y del ambiente y conocemos las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer".

Por tal cuestión, la dirigencia rural entiende que "atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia".

"La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que motorice el tratamiento de esta iniciativa", indicó el escrito y remarcaron la necesidad de "se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y la producción".

Fuente: R2820/Télam.